Atención Locadores no se dejen engañar

La Ley 27551 trajo aparejadas situaciones problemáticas que bañaron de incertidumbre al mercado inmobiliario. Es por esto que es cada vez más común que los actores involucrados tomen decisiones perjudiciales con las que creen que van a salvar alguna de esas situaciones.

 

La mayor dificultad surge porque estas aparentes “soluciones», que se buscan u ofrecen son sumamente seductoras, no se ajustan a la lamentable letra de la ley. En la práctica encontramos contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda que para nada se ajustan a la ley que los regula. Por ejemplo, se encuentran contratos firmados en dólares (moneda que no es de curso legal en Argentina), con plazos menores al mínimo legal y aumentos de los cánones sometidos a porcentuales semestrales o trimestrales pautados desde el comienzo que distan del índice publicado por el BCRA ¿Cuál es el mayor problema de todo esto?

 

Sin duda, el problema es el hecho de que a los locadores no se les está dando un correcto asesoramiento sobre las consecuencias de firmar un contrato que no se enmarca en la norma que es de orden público es decir no es disponible, modificable por las partes.

 

Las consecuencias se visibilizan cuando un locatario presenta estos contratos en la justicia. El juez interviniente va a ajustar indudablemente el contrato al régimen jurídico vigente. De esto se deviene que los fiadores que firmaron ese contrato, no van a garantizar aquello que no firmaron. Por esta razón, el locador pasa a tener un contrato sin garantes que se responsabilicen de las consecuencias no queridas, no van a garantizar el pago de cánones por los que no se obligaron, ni de las obligaciones que surjan posteriores al lapso de tiempo por el cual no firmaron, en los casos en los que un juez extienda el plazo del contrato al mínimo legal.

 

Una vez más esto demuestra que la ley que tiene vigencia desde 2020 ha fracasado, empujando a los locadores a tomar decisiones persuadidos por la situación económica, buscando obtener mayores beneficios de rentabilidad, pero sin conocer las consecuencias que devienen de no respetar esta norma de orden público.

Para evitar la mayor inseguridad jurídica y las consecuencias que en forma breve describimos, es necesario que a pesar de que es una ley que evidentemente ha fracasado, busquemos asesorar dentro del marco de la ley, teniendo siempre en cuenta los efectos perjudiciales que surgen de actuar fuera de él.

 

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